Vecinos por Torrelodones

¿Alguna vez se ha preguntado dónde pueden estar los millones del rescate bancario en España? A raíz de la publicación, por parte del Tribunal de Cuentas, del informe en el que se evaluaba el coste del rescate bancario en España en más de 60.000 millones de euros, Santiago Fernández, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente […]

¿Alguna vez se ha preguntado dónde pueden estar los millones del rescate bancario en España?
A raíz de la publicación, por parte del Tribunal de Cuentas, del informe en el que se evaluaba el coste del rescate bancario en España en más de 60.000 millones de euros, Santiago Fernández, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelodones traía al presente un caso vivido en nuestro municipio que puede ayudar a comprender las dimensiones reales del rescate bancario en España.
Fernández habla del caso de Prado de Peña Negra, un encinar situado en Las Rozuelas de poco más de 14 hectáreas, parte de la conocida como Área Homogénea Norte (AHN) y protegido por las directivas europeas.
En 2003 el ayuntamiento protegió este encinar por unanimidad pero pronto cambió su clasificación de Suelo No Urbanizable Común a Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido; y el PP, gobernando por entonces el consistorio, puso al frente del mismo un candidato favorable a la urbanización. La mayoría absoluta permitió iniciar inmediatamente los trámites para cambiar la situación.
Con dos informes ambientales encima de la mesa se llega a la paradoja de que los terrenos – protegidos y sin potencial agrícola- tienen una primera valoración de 6,25€ m2 mientras que, para otra sociedad de tasación, TINSA (participada por varias cajas de ahorro), el valor del metro cuadrado es de 141€. Esto podría ser una mera disparidad de opinión si no fuera por la hipótesis añadida por esta última: “los terrenos serían reclasificados en una próxima revisión de las normas subsidiarias”, clasificación que nunca llegó a tener.
Durante los años de la burbuja, y todavía hoy, la principal clave del negocio inmobiliario es adquirir los terrenos cuando todavía son no urbanizables a propietarios rurales, con la expectativa de lograr la reclasificación y multiplicar por cientos de veces el precio de esos terrenos.
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El presidente, el alcalde, el promotor y la Caja
Por entonces, en Torrelodones, el candidato a las elecciones de 2003 por el Partido Popular forma parte de una familia propietaria de una de las más importantes promotoras inmobiliarias de la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. De hecho, el principal promotor de la urbanización de los encinares, Eduardo Morales Santiago, tenía «vínculos personales y profesionales” con el presidente del PP local (Mario Mingo) y el alcalde de Torrelodones (Carlos Galbeño), según el informe de la Sareb.
En 2005 la finca es adquirida Inverlur 2005, una sociedad inmobiliaria propiedad de la Caja de Ahorros Kutxa Vital, actualmente absorbida por Kutxabank. Un año después vende estos terrenos a Proyectos Styx Dos SL, propiedad de Eduardo Morales Santiago, principal promotor del proyecto. En 2006 Styx Dos vende la finca a Proyectos Inmobiliarios Burke, otra sociedad inmobiliaria con un capital social de 3.000 euros, propiedad también de Eduardo Morales Santiago.
El pago se realiza mediante un pagaré avalado por Caja Ávila y con fecha de vencimiento octubre de 2008. El mismo día del vencimiento del pagaré, Caja Ávila concede un préstamo hipotecario a Proyectos Inmobiliarios Burke por un importe de 20,7 millones de euros, sin más garantía que la propia finca. Como tasación se aporta únicamente el informe de TINSA del total del AHN. Asimismo, se concede a la empresa una línea de crédito de 1,8 millones de euros.
En resumen, la empresa de Eduardo Morales Santiago obtiene 22,5 millones de euros de la caja de ahorros pública, con el compromiso de devolverlos con un interés del 7,5% en 36 meses.
Paralelamente a estos movimientos, se generó una dura oposición vecinal al proyecto de urbanización de estos encinares que fueron el germen de lo que hoy es Vecinos por Torrelodones. El objetivo: parar el pelotazo urbanístico y detener el deterioro medioambiental del municipio.
Pero… ¿quién tiene el dinero?
Caja Ávila había concedido una hipoteca por valor de 20,7 millones de euros apenas un año antes con la única garantía de una finca que en el mejor de los casos vale 915.000 €. El crédito hipotecario se novó en 2010 y 2012 ampliándose su plazo de vencimiento en cada novación. El crédito resultó finalmente impagado y sin que hasta la fecha se haya devuelto un solo euro.
Mientras tanto, en 2010 Caja Ávila pasó a formar parte de Bankia, que poco después es rescatada por el Estado, al tiempo que se crea el Sareb, (‘banco malo’) con el objetivo de recoger todos los suelos, promociones y viviendas financiadas por las cajas de ahorro nacionalizadas y que “tuvieran una clasificación distinta de riesgo normal”. El crédito se traspasa primero a Bankia y, en agosto de 2013, al Sareb, que es actualmente su titular.
Como consecuencia de los impagos e intereses, la deuda de Proyectos Inmobiliarios Burke con Sareb es de 34,8 millones de euros, a lo que cabe descontar los 915.000 € en que se ha tasado la finca, de forma que la deuda total es de 33,9 millones de euros.
Los 60.000 millones de euros del rescate bancario no se han evaporado, han pasado de las cuentas de una entidad pública (Caja Ávila) a una empresa con un único propietario y administrador. También sabemos que José Manuel Espinosa era entonces Director General de Caja Ávila y Agustín González González era su Presidente.
En abril de 2015, Vecinos por Torrelodones pone en conocimiento de Sareb y de la Fiscalía Anticorrupción todos estos hechos. Sabemos que Sareb ha redactado un informe en el que constata, punto por punto, todo lo denunciado en 2015 y lo ha trasladado a la Fiscalía General del Estado. Desconocemos sin embargo qué trámites e investigaciones se han concretado después.
Pese a que llevamos 12 años denunciando estos manejos, nos quedan pocas esperanzas de que las responsabilidades sean depuradas, ya que probablemente los posibles, presuntos y aparentes delitos habrán prescrito. Solo nos queda el consuelo y la obligación de dar a conocer entre todos lo que ha pasado con los 60.000 millones, que en realidad no se han esfumado. Simplemente han cambiado de manos.
Este artículo ha sido integralmente publicado por Santiago Fernández en Info Libre.
 

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