Corrupción, despilfarro y mala gestión

La corrupción, el despilfarro, la mala gestión, el abuso del uso de los fondos públicos… se ha convertido en una de las principales lacras del panorama político actual, pasando a ocupar los primeros puestos entre los temas que a los ciudadanos españoles afirman les preocupan más.
La Fundación ¿Hay Derecho? ha elaborado un informe en el que trata el problema de raíz y da respuesta a algunos de los interrogantes que de él se desprenden. El estudio, Corrupción institucional y controles administrativos preventivos, analiza los casos de corrupción política en España durante los últimos años, aclarando el tipo de delitos más frecuentes y su incidencia desde un punto de vista territorial.
La prevaricación, a la cabeza
Para la Fundación, la corrupción dominante en España es aquella de tipo político, «ligada a la financiación de los partidos políticos, las campañas electorales y, en general, relacionada con la gestión del gasto público en gobiernos locales y autonómicos». El delito más frecuente de los analizados es el de prevaricación, que incluye la administrativa y la urbanística, y que supuso el 36% de las condenas analizadas. A ella le siguen los delitos de malversación (34% de las condenas) y cohecho (24%).
Por otro lado, gran parte de los delitos estudiados, además, «aparecen conectados con procedimientos de contratación, concesiones públicas, subvenciones, selección y contratación de personal, urbanismo, concesión de licencias y autorizaciones o con procedimientos de inspección o revisión en los que las decisiones adoptadas tienden a favorecer ilegalmente a agentes privados». En el caso de los delitos relacionados con urbanismo, señala el estudio, presentan «la peculiaridad de que, por razones de distribución competencial, la comisión de delitos en este ámbito solo puede producirse en las Administraciones autonómicas y locales, particularmente en estas últimas». En este sentido, la corrupción política «penalmente punible, está relacionada fundamentalmente con los procedimientos de contratación pública en primer lugar, y con el urbanismo, en segundo lugar«.
Los ayuntamientos son los más afectados
En cuanto al nivel territorial, el informe destaca que «es en el ámbito local donde más corrupción política o institucional existe«. De este modo, el 48,5% de las condenas analizadas corresponde al ámbito local, frente a las 27% de la Administración General del Estado, y las 24,4% referidas a las comunidades autónomas.
El estudio observa, asimismo, que los casos de corrupción en materia de contratación, que son los más numerosos, se dan exclusivamente en los niveles local y autonómico, y especialmente en el primero. En segundo lugar, los delitos de contratación supusieron el 18% de las condenas a nivel local, frente al 13,4% a nivel autonómico.
La Fundación señala que, de los casos analizados, «la inmensa mayoría de las condenas han sido impuestas a alcaldes y concejales, es decir, a cargos electos«, aunque también es habitual, continúa, encontrar condenas a arquitectos municipales u otros funcionarios locales como secretarios o personal técnico. De hecho, a lista de Alcaldes imputados o investigados es alarmantemente extensa.
Y, así andamos…
Ilustración: blog de sociología.