Sobre la responsabilidad social de las administraciones

Una visión muy arcaica de las administraciones públicas nos podría llevar a pensar que su única responsabilidad es ejercer aquellas obligaciones legalmente fijadas en su ámbito competencial y hacerlo de una forma eficaz y eficiente. Sin embargo, ese planteamiento tan básico ha quedado atrás. La responsabilidad social de las administraciones es realmente una ampliación conceptual hacia el sector público de lo que ha sido la responsabilidad social corporativa (RSC) de las empresas. Su aplicación supone una redefinición de las relaciones de cualquier administración con los grupos de interés, internos y externos, en las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: económica, social, ambiental e institucional, esta última materializada en los conceptos de transparencia y buen gobierno. Este nuevo marco supone importantes cambios no solo en las políticas, sino en las forma de llevarlas a la práctica.
Comenzamos abordando la cuestión de la forma en la que se ejercer las políticas. En los últimos años se ha vivido un importante cambio en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en el sector público. Décadas de obscurantismo, que ayudó precisamente a favorecer la corrupción, han obligado a regular esos aspectos con el fin de dotar de una nueva legitimidad ética a las administraciones. No se trata únicamente de ofrecer información detallada sobre la actividad de las instituciones, como los ingresos y gastos, las formas de contratación, los planeamientos, etc. El ámbito se extiende también a la propia actividad privada de los cargos electos, obligados a revelar públicamente sus ingresos y su patrimonio hasta un nivel de detalle susceptible incluso de poner en riesgo su propia seguridad personal, pero que es consecuencia de los abusos del pasado.
Otro elemento importante, dentro del ámbito de las formas, es el de la participación. Resulta tan sorprendente como desalentador el escaso interés de la sociedad en participar en la vida pública. En la mayoría de los casos, los ciudadanos nos hemos limitado a elegir a nuestros representantes en base a unas listas cerradas que nos ofrecen los partidos y a juzgar su gestión con nuestro voto. Además este juicio se ha hecho muchas veces de forma poco exigente y con una fidelidad a los colores más propia del ámbito futbolístico que del político, posiblemente favorecida por el bipartidismo de facto que hemos tenido en España durante más de 30 años.
Ahora bien, no toda la responsabilidad es de los ciudadanos. El propio sistema político español surgido de la Transición ha favorecido esos sistemas de gobierno vertical ejercido por los grandes partidos. La necesidad de revitalizar la vida política se ha traducido en reformas legales que han introducido la participación en distintas esferas de la vida pública, desde la elaboración de normas hasta la propia formulación de presupuestos.
Algunos de los cambios citados han supuesto un giro significativo en el funcionamiento de las administraciones. Se trata de cambios que no han tenido transcendencia hasta que no han sido regulados y hechos obligatorios para las administraciones. En ese sentido son poco ambiciosos y no deben ser considerados realmente como parte de la responsabilidad social de las administraciones porque la esencia de la misma es la voluntariedad. Regulados los ámbitos de la información, la transparencia y el buen gobierno, si las administraciones públicas quieren asumir plenamente su responsabilidad social deben abordar nuevos cambios desde la voluntariedad y la autorregulación. Esto supone ir más allá de las exigencias legales y afrontar el proceso con una actitud proactiva y bajo el esquema de la mejora continua.
Otros ámbitos en los que es necesario adoptar medidas voluntarias son el social y el ambiental. Es precisamente en esas dimensiones donde se puede entrar no solo a la forma, sino también al fondo de las políticas llevadas a cabo por las administraciones.
En lo que respecta a la responsabilidad ambiental, son muy numerosos los ámbitos en los que es posible realizar mejoras que vayan más allá del cumplimiento de la legislación. Muchos ayuntamientos han adoptado medidas de gestión y valorización de residuos, sistemas de compras públicas con criterios de sostenibilidad, planes de eficiencia energética y lucha contra el cambio climático, etc. Incluso es posible adoptar sistemas de certificación tan generalizados en las empresas como ISO 14.001 y cuya implantación en las administraciones públicas es casi testimonial.
Los ámbitos para la responsabilidad social también son amplios. En el ámbito interno la adopción de medidas activas de igualdad, la implantación de sistemas certificados de seguridad y salud en el trabajo como OHSAS 18.001, la adopción de criterios de adjudicación y compra con carácter social, etc. son vías para ejercer esa responsabilidad más allá de los límites legalmente fijados.
En su dimensión externa, la política social de los ayuntamientos se encuentra condicionada por el tamaño del municipio. Esto no ha impido que buena parte de ellos hayan ampliado la intervención por encima de sus obligaciones legales, incluso en los años de crisis, cuando las comunidades autónomas no eran capaces de atender las necesidades más apremiantes de algunos vecinos. La oferta de vivienda social, la creación de sistemas de becas, junto con otras formas de intervención social han ayudado a mitigar muchos de los efectos de la crisis. Pero son otros muchos los esfuerzos que se pueden hacer con colectivos desfavorecidos o con necesidad de inclusión. Es más, en muchas ocasiones su intervención ha ido más allá de las fronteras de su municipio y son muchos los ayuntamientos que no dudan en destinar una parte de sus recursos a proyectos de cooperación al desarrollo, a atender situaciones de catástrofes o emergencia internacional e incluso a acoger refugiados.
Ir más allá de aquello a lo que obliga la ley tiene un problema: recursos finitos en un terreno con múltiples dimensiones en cada una de las cuales no existen límites. La consecución de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible fijados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para el 2030 deberían ayudar a todas las administraciones a identificar los puertos y fijar el rumbo. Próximamente veremos cómo.